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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—En el Juicio Oral de referencia se dictó Sentencia con fecha 3/09/04, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a los acusados ----------- y ----- , como autores responsables de dos delitos de homicidio imprudente, del artículo 142.1 del Código Penal, a la pena de (2) dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por (3) tres años a cada uno de ellos, costas en su décima parte, incluidas las de las Acusaciones Particulares a cada acusado y que indemnicen solidariamente a ------------ y a su hijo ----------------- en 128.377 euros en total y a ------------ en 7.551 euros, declarándose la responsabilidad civil directa de las Cías ------ y la responsabilidad civil subsidiaria de -------.
Se absuelve a los citados acusados del delito de art. 316 del Código Penal.
Se absuelve libremente a los acusados ------, ------, ---------, --------, -------, ------, de ambos delitos imputados
Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada a la cual nos remitimos.
Segundo.—Contra dicha Sentencia, por la representación procesal de los hoy recurrentes, se interpusieron recursos de apelación que formalizaron exponiendo las alegaciones que constan en sus escritos, los cuales se hallan unidos a las actuaciones.
Tercero.—Dado traslado de los escritos de formalización de los recursos al Ministerio Fiscal, se presentaron escritos de impugnación en base a la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho solicitando su confirmación.
Cuarto.—Por el Juzgado de lo penal más arriba referido se remitieron a este Tribunal los Autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día 7/06/06.
HECHOS
Se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada con las siguientes modificaciones:
1.º- En la cuarta línea de los hechos probados de la sentencia apelada que consta en el f.2.594, la frase El ------ desmontaba el andamio por orden de su empresa ---- y tenía la especialización necesaria. Sin embargo el ----- carecía de ella y fue designado por el encargado de obra ------ para que ayudara al anterior, ignorando éste si subió o no a la plataforma, quedará redactada del siguiente modo: El ---- desmontaba el andamio por orden de su empresa ----, auxiliado por el Sr. ----, que carecía de preparación y conocimientos para realizar esa tarea, a pesar de lo cual, D. ----, conociendo su falta de preparación, le ordenó participar en las tareas de desmontaje.
2.º- Se añaden los siguientes párrafos en los hechos probados:
A) ------ es arquitecto técnico y autor del estudio de seguridad del proyecto, en el que no se preveía la utilización de andamios motorizados como el modelo PA-100; como jefe de grupo de obra era el máximo responsable de ----- en las obras de la C/ Julián Camarillo. El plan de seguridad de la obra tampoco contemplaba la utilización de los citados andamios, a pesar de lo cual el Sr. ----- permitió su empleo, desentendiéndose de todas las cuestiones relativas a la seguridad de quienes operaban en las plataformas.
B) ----- es arquitecto técnico y jefe de obra del bloque en el que se encontraban los Sres. ---- y ---- desmontando los andamios utilizados a pesar de no estar incluidos en el plan de seguridad. El Sr. ---- dio la orden de desmontaje de los andamios, sin preocuparse de la preparación y conocimientos técnicos de quienes iban a realizar la operación y sin darles instrucciones de ninguna clase.
C) ------ es presidente de -----, propietaria del andamio motorizado en el que ocurrieron los hechos. El Sr ---- delegó la prevención de riesgos en ----, montador y oficial de 1.ª en la plantilla de ---, sin preparación suficiente en prevención de riesgos laborales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—En este juicio han sido juzgadas diez personas acusadas de dos delitos de homicidio imprudente (art. 142 del CP) y de un delito contra la seguridad de los trabajadores previsto, tanto en el art. 316 como en el art. 317, en relación al art. 318 del CP. En el juicio de primera instancia han sido condenados dos de los acusados y han sido absueltos los restantes. Contra la sentencia de instancia se han alzado siete recursos de apelación con pretensiones absolutamente heterogéneas; desde las pretensiones de la acusación popular y de las dos acusaciones particulares, que solicitan la ampliación del fallo condenatorio tanto en materia de autoría como en materia de calificación penal, pasando por los recursos formulados por las dos personas condenadas en primera instancia, solicitando, obviamente, su absolución; hasta los recursos formulados por las compañías aseguradoras responsables directas y por las acusaciones particulares en los que se cuestionan los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil declarada en la sentencia apelada.
El muy variado contenido de los siete recursos, replanteando en esta segunda instancia prácticamente todas las cuestiones debatidas en el acto del juicio, obliga a este Tribunal a realizar un nuevo juicio completo y de ese modo dar respuesta a las distintas peticiones formuladas por los apelantes.
En principio, este Tribunal puede realizar un enjuiciamiento del objeto de juicio completo con plena facultad de cognición y valoración de la prueba, pero esa facultad ha sido matizada por la doctrina constitucional iniciada por la STC 167/2.002 y plenamente asentada en la actualidad, que establece que en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción. No obstante, esta doctrina ha sido, a su vez, matizada por la reciente STC 338/2.005 de 20 de diciembre que afirma literalmente que en los supuestos en los cuales la critica que se contiene en la sentencia de apelación y que, consecuentemente, determina la alteración de los hechos probados, no se realiza a base de sustituir al órgano de enjuiciamiento en la valoración de medios probatorios cuya apreciación requiere inmediación, sino que se proyecta sobre la corrección o coherencia del razonamiento empleado en la valoración de la prueba, sobre tal modo de proceder no proyecta consecuencia significativa alguna la inmediación en la práctica de tales pruebas. En consecuencia la garantía de inmediación no puede jugar en estos casos el papel limitador de las facultades del órgano judicial ad quem que, como proyección del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 de la CE, desempeña en los supuestos primeramente referidos de sustitución o sobreposición en la valoración de medios probatorios precisados de inmediación para su análisis.
Conviene hacer estas precisiones desde este momento, anunciando ya que este Tribunal se va apartar en determinadas cuestiones de las conclusiones contenidas en la sentencia apelada, en las que no se aprecia una correlación lógica entre el resultado de la prueba y las conclusiones expuestas en la resolución apelada y al hacerlo así va a llegar a la convicción sobre la culpabilidad de determinados acusados que fueron absueltos en primera instancia. Entiende este Tribunal que el criterio plasmado en la STC 338/2.005 permite la revocación del fallo absolutorio de primera instancia si se dan las condiciones expuestas en la propia sentencia y además, de acuerdo con el criterio marcado por la doctrina iniciada por la STC 167/2.002, a petición de una de las acusaciones particulares (la ejercitada por D.ª ---- --- --) se convocó una vista en la que los acusados tuvieron la oportunidad de ser oídos y se practicó la única prueba viable, es decir, la prueba solicitada al Tribunal (pues obviamente, no es posible practicar pruebas no interesadas). De este modo el nuevo juicio y los nuevos pronunciamientos condenatorios no supondrían una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2), de acuerdo con el actual estado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Segundo.—Calificación jurídica de los hechos. La sentencia de instancia califica los hechos juzgados como dos delitos de homicidio imprudente previstos en el art. 142.1 del CP, calificación que comparte este Tribunal porque entiende que en los hechos relatados en la sentencia apelada concurren los elementos típicos de esta infracción penal. Las infracciones penales imprudentes responden a la siguiente estructura:
A) Un elemento objetivo del tipo que supone la infracción de una norma de cuidado y el resultado de un hecho previsto en el tipo doloso. A su vez, la infracción de la norma de cuidado se descompone en dos aspectos: a) El deber de cuidado interno que obliga a advertir la presencia del peligro. b) El deber de cuidado externo, que consiste en el deber de comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida.
B) Una parte subjetiva del tipo que exige el elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa consciente) o sin ese conocimiento (culpa inconsciente) y el elemento negativo de no haber querido el autor el resultado producido.
C) Imputación objetiva del resultado, de modo que la conducta supuestamente imprudente sería irrelevante si el resultado se hubiera producido igual sin esa conducta.
Este esquema se reproduce con exactitud en los hechos que culminaron en el fallecimiento de D. ---- y de D. -----. Las dos muertes son los dos resultados que han derivado de una infracción clara de las normas de prevención de riesgos laborales contenidas en la L.P.R.L. 31/1995 de 8 de noviembre y en el R.D.1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras en construcción, de tal modo que si las normas de seguridad infringidas hubieran sido observadas, no habrían tenido lugar los resultados mortales.
La L.P.R.L. tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y para alcanzar ese objetivo marca unos principios que define en su Exposición de Motivos: La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
En el caso que nos ocupa puede afirmarse que todo ese plan diseñado por la Ley para dotar de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores falla desde el principio. El R.D. 1627/1997, que desarrolla la L.P.R.L. en el ámbito de la construcción, establece la obligación del promotor (------ en este caso) de elaborar un estudio de seguridad y salud en el trabajo que contenga una identificación y evaluación de riesgos y que acompañe al proyecto inicial de la obra (arts. 4, 5 y 6); en aplicación del estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se irán concretando las actuaciones preventivas y las medidas de seguridad necesarias para la protección frente a los riesgos evaluados en el estudio inicial (art. 7). Pues bien, ni el estudio de seguridad inicial que confeccionó ------ contemplaba la utilización de un andamio motorizado como el que desencadenó el accidente mortal (así lo reconoció en juicio el propio Sr. -----), ni tampoco el plan de seguridad de ----- preveía la utilización de esa máquina y cuando el andamio fue utilizado en las obras de la C/ Julián Camarillo, ello tampoco dio lugar a una modificación o adaptación del plan de seguridad, tal y como prevé el art. 7.4 del R.D. 1627/1997. Que el plan de seguridad de ----- no contemplaba la utilización de un andamio motorizado monomástil como el que nos ocupa, lo afirman los dos peritos en el juicio, el Inspector de Trabajo Sr. ------- en su informe de 24-5-2.001 (f. 755) ratificado en juicio y el Sr. -----, técnico superior de prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en su informe (f. 1.080) ratificado en juicio. Lógicamente, como el riesgo que representaba la utilización del andamio no estaba previsto, tampoco estaba prevista medida de seguridad alguna para evitar ese riesgo y esto motivó que el inspector de trabajo incoara actas de infracción de seguridad y salud en el trabajo a COGEINSA y a CMAQ (f. 319 y ss. y f. 335 y ss).
No había medidas de seguridad, no había cinturones ni había arneses, según manifiesta el inspector de trabajo; cierto es que, teniendo en cuenta cómo se produjo el accidente fatal, la utilización de las medidas de seguridad recomendadas en el manual de la plataforma (guantes, casco, calzado, cinturón de seguridad, f.1,109) no habría impedido el resultado; pero sobre todo y principalmente, la caída de los dos trabajadores y su muerte está directamente conectada con la falta total de conocimientos y preparación de, al menos una de las víctimas, que subió en el andamio, con la ausencia de supervisión de esos dos trabajadores mientras realizaban una tarea ciertamente peligrosa y con la falta de formación y de información, por parte de quienes estaban obligados, a los trabajadores para el manejo seguro de la plataforma (art. 19 de la Ley 31/1995). El manual de instrucciones de la plataforma indica que el montaje de la plataforma y de los tramos de mástil debe efectuarse por personal competente y que la maniobra del andamio se consiente exclusivamente a personal propio y expresamente instruido a tal efecto (f. 1.107); insiste el manual más adelante en que las operaciones de montaje, uso y desmontaje de la plataforma deben ser efectuadas por personal práctico bajo el directo control del responsable de la obra, quien debe asegurarse que dichas operaciones vengan ejecutadas por las reglas del arte, en condiciones de seguridad… (f. 1.108); la operación de desmontaje no se hizo de acuerdo con estas instrucciones genéricas, como también apreció el inspector de trabajo Sr. ----- en sus actas de infracción a ---- y -----, en las que se especifica como causas del accidente, entre otras, la falta de conocimientos y de formación de las víctimas para realizar el desmontaje del andamio y la falta de supervisión de dicha tarea por una persona cualificada (f. 322 y 330).
Sin formación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los andamios y uno de ellos (no es posible determinar quién de los dos) cometió un error fatal: después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada y la plataforma subió por el tramo que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo con los trabajadores dentro, que murieron por las heridas sufridas en la precipitación.
La falta de preparación del Sr. ----- para realizar el desmontaje del andamio es un hecho que no ha suscitado gran debate en este juicio; se trataba de un trabajador con categoría de peón, era empleado de una empresa de trabajo temporal cedido a ----- para realizar labores de limpieza y movimiento de materiales según su contrato (f. 1.097 a 1.102) y no tenía formación alguna para realizar el desmontaje de la plataforma, ni las normas de prevención de riesgos laborales le permitían hacer (art. 8.b) de la Ley 14/1.994 que regula las empresas de trabajo temporal, en relación al anexo II del R.D. 1627/1997), lo que motivó también un acta de infracción a ------ (f. 333).

Ibermutuamur

Documentación de prevención de riesgos laborales elaborada por Ibermutuamur Corporación mutua


 

 
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