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5. -----------------------------
El Sr. ---- ha sido condenado en la sentencia apelada como autor de dos delitos de homicidio imprudente, entendiendo este Tribunal que debe mantenerse dicho pronunciamiento, considerando además que es autor del delito previsto en el art. 316 del CP. Su posición como sujeto obligado a prevenir los riesgos laborales es clara dada su condición de coordinador de seguridad de la obra, cuyas funciones están definidas en el art. 9 del R.D. 1627/1997: a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el art. 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Teniendo en cuenta que la prevención de riesgos laborales en la obra de la C/ Julián Camarillo era más formal que real, dado que se actuaba al margen del plan de seguridad aprobado por el Sr. ----- no puede afirmarse que el coordinador de seguridad ejerciera realmente esas funciones.
6. --------
Este acusado ha sido condenado como autor de dos delitos de homicidio imprudente, entendiendo la juez a quo que como delegado de -----, asumía toda la responsabilidad de su empresa en estas cuestiones. Ya se ha explicado antes que esta delegación no exculpa al principal obligado (------), porque no se ajusta a lo dispuesto en el art. 30 de la L.P.R.L. El Sr. ------ es un simple trabajador más de ----- como montador con categoría de oficial de primera y acepta (no le queda otra) la delegación en materia de seguridad de su jefe (es muy significativa la forma en que el propio Sr. ----- se expresa en el juicio: el Sr. ---- le dijo que él era el encargado de controlar la seguridad…). Era la persona que debía supervisar la operación de desmontaje de las plataformas, si es que tal maniobra se quería hacer conforme a las instrucciones de seguridad del manual; también debía ocuparse de vigilar el uso de los medios de protección de los trabajadores (que no estaban disponibles en esta obra) y también hizo dejación de esa obligación, ya que incluso estaba ausente de la obra cuando ocurrió el accidente mortal.
No se considera que sea sujeto obligado en primera medida a dotar de medios de seguridad en los términos exigidos en la L.P.R.L. dada su posición en la estructura jerárquica de su empresa.
7. -------
El Sr. ------ ha sido absuelto en la sentencia apelada y este pronunciamiento será mantenido.
Este acusado es el arquitecto superior que diseñó el proyecto de la obra de la C/ Julián Camarillo, forma parte de la dirección de la obra y no tiene relación laboral con ------. Al margen de estos datos, se desconoce una intervención más directa de este acusado en los hechos juzgados y los datos conocidos no se consideran suficientes para demostrar su participación culposa en los hechos. Hay que tener en cuenta que, aún cuando la jurisprudencia de la Sala 2.ª del T.S. ha recalcado siempre la responsabilidad de los arquitectos superiores y técnicos en la prevención de riesgos laborales y en el significado de la omisión de ese deber de cuidado, la norma actual que establece quien es el sujeto obligado a actuar en orden a la prevención de riesgos en el trabajo es la Ley 31/1995 de 8 de noviembre y esa norma atribuye claramente esa obligación al empresario, condición que no concurre en el Sr. -----, desconociéndose sus vínculos exactos con -------.
8. -------
Se mantiene también el pronunciamiento absolutorio para este acusado. Las razones por las que se mantiene la absolución de este acusado son las mismas que en el caso anterior. El Sr. ----- es también arquitecto superior y autor del proyecto de la obra; no forma parte de -----, fue contratado por la empresa y se desconoce exactamente su relación con ella, así como si tenía alguna otra competencia específica en materia de seguridad.
9. ------
Se mantiene el pronunciamiento absolutorio para este acusado. El Sr. ------ es arquitecto técnico, no forma parte de ------ y, a parte de que participaba en la dirección facultativa de la obra, se desconoce cualquier otra participación personal en estos hechos.
10. ------
Se mantiene el pronunciamiento absolutorio para este acusado. El Sr. ---- es también arquitecto técnico y forma parte de la dirección facultativa de la obra; al igual que sucede con los otros tres acusados anteriores, se desconoce su cometido concreto y su participación en estos hechos, por lo que tampoco existe una prueba suficiente que demuestre su autoría en los delitos juzgados.
Cuarto.—Penas
Las penas por los dos delitos de homicidio imprudente previstos en el art. 142.1 del CP y por el delito contra la seguridad en el trabajo del art. 316 del CP serán impuestas teniendo en cuenta las reglas contenidas en el art. 77 y 66.6 del CP. De acuerdo con ellas, teniendo en cuenta que los delitos referidos se encuentran en relación de concurso ideal, así como los límites mínimos legalmente viables, se considera más favorable para los acusados imponer una pena única de acuerdo con lo previsto en el art. 77.2 del CP: En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. De acuerdo con ello, se impone la pena correspondiente al delito más grave (el penado en el art. 142.1 del CP), que en el límite mínimo de su mitad superior es de 2años, 6 meses y un día de prisión. Esta pena es más favorable que la sanción por separado, aún en sus límites inferiores, de dos delitos de homicidio imprudente del art. 142.1 más un delito penado en el art. 316 del CP.
Como penas accesorias del art. 56 del CP, teniendo en cuenta la íntima relación entre el ejercicio de la profesión de los acusados que se indicará y la comisión de los delitos, se impondrá a -------, -------, ------ y ------ la inhabilitación especial del ejercicio de su profesión de arquitecto técnico en los tres primeros casos y de presidente de ----- en el caso del Sr. ---- por el mismo tiempo que las penas privativas de libertad.
A ------ y ------ se les impondrá como pena accesoria del art. 56 del CP la de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Quinto.—Cuantificación de la responsabilidad civil.
Esta cuestión ha sido abordada en los recursos formulados por la representación procesal de ------ y de -------.
El primero de los recursos cuestiona la aplicación de las cuantías y criterios contenido en el Sistema de valoración de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre en el cálculo de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de instancia. El motivo debe ser desestimado, porque, aún cuando la aplicación de ese sistema de valoración no es obligatoria en aquellos ámbitos no previstos en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (L.R.C.), su aplicación orientativa es comúnmente aceptada y se ha convertido en práctica habitual en nuestros tribunales, porque no existe obstáculo legal para adoptar esta práctica y porque el Sistema de Valoración de la Ley 30/1995 contiene un baremo objetivo del daño corporal como no existe en otras normas legales, de modo que contribuye a dotar de una mayor seguridad jurídica un campo (el del cálculo de las indemnizaciones por daños personales) en el que eran habituales grandes discrepancias sin causa aparente. Tal sistema se ha adoptado incluso en el cálculo de las indemnizaciones por daños personales derivados de delitos dolosos, y en este sentido debe destacarse que ya en la Junta de Magistrados de las Secciones Penales de esta Audiencia Provincial de 29-5-2004 se acordó la utilización analógica del Baremo en la cuantificación de las indemnizaciones debidas por delito doloso, si bien aplicando un factor de corrección incrementando la del propio Baremo (Acuerdo nº13).
Una vez admitida la aplicación orientativa de los criterios y cuantías establecidos por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, hay que dar la razón a ambos apelantes cuando alegan que las cuantías que debieron ser aplicadas son las correspondientes a la fecha en la que se dictó la sentencia y no las correspondientes a la fecha del accidente, porque es cierto que uno de los criterios más consagrados en este ámbito es considerar la indemnización como deuda de valor. Según el criterio mayoritario de esta Audiencia Provincial, no se trata en este caso de decidir sobre el carácter retroactivo de las normas, sino sobre la naturaleza de la deuda contraída con motivo de los perjuicios causados por un hecho de la circulación; el concepto de la deuda de valor tiene su fundamento en que el perjudicado por el daño sea resarcido del quebranto inferido en su valoración dineraria no por la suma en que se evaluó el mismo cuando se produjo, sino por la equivalencia al momento del pago o resarcimiento colmando de correcta compensación el quebranto devaluatorio de la moneda o instrumento dinerario, en particular, cuando entre ambos actos, el de producción del daño y el del pago ha transcurrido un cierto lapso de tiempo relevante. Coherentemente con lo anterior, la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles y Penales de esta Audiencia Provincial en su reunión de 10-6-2005 acordó en su punto primero que las indemnizaciones serían cuantificadas aplicando las variaciones del IPC producidas hasta le fecha de la sentencia e primera instancia, de modo que en esta caso las cuantías aplicables son las previstas en la Resolución de la D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones de 9-3-2004
Como indemnización a favor de ------ y de su hijo menor de edad, por la muerte de ------, se señala la cantidad total de 140.683,23 €, que se obtienen de la suma de 90.278 € para la esposa y 37.615,85 € para el hijo menor, más el 10 % que aplica la sentencia apelada.
A favor de -------, padre de ------, hay que fijar una cantidad establecida en el Grupo IV de la Tabla I del Baremo y no una cantidad del Grupo III, como se determina en la sentencia apelada. En los hechos probados de dicha sentencia se afirma que ------ estaba soltero, no tenía hijos y convivía con una persona que en el momento de dictar sentencia había fallecido, siendo sus otros parientes vivos su padre ------ y una hermana; en consecuencia la cuantía indemnizatoria a favor del padre no es la prevista en el Grupo III de la Tabla I referido a víctimas sin cónyuge y con todos sus hijos mayores, porque el Sr. ----- no tenía descendencia cuando murió, por tanto la cantidad aplicable a favor del padre superviviente es la establecida en el Grupo IV víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes, en concreto la cantidad prevista para el padre que no tiene convivencia con el hijo, que es la de 60.185,36 €, más el 10% que aplica la sentencia apelada, lo que equivale a 66.203,89 €.
Sexto.—Recurso de -------, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
Esta aseguradora ha suscrito una póliza de seguro de responsabilidad civil con ---- en virtud de la cual ha adquirido la condición de responsable civil directa en este juicio, lo que cuestiona en el primer motivo del recurso, alegando infracción de preceptos sustantivos y error en la interpretación de la póliza, porque en opinión de la apelante, dicha póliza fue modificada en 15-2-2000 mediante un suplemento de la póliza en el que se hacía constar que las labores de montaje y desmontaje de andamios son realizadas por personal de la empresa asegurada y, al participar en el desmontaje del andamio un trabajador ajeno a -----, el siniestro quedaría fuera de la cobertura del seguros.
Debe desestimarse tal motivo. Consta incorporado a la causa (f. 464) el documento de 15-2-2000 que parece corresponder a un anexo de las condiciones particulares de la póliza del seguro de responsabilidad civil suscrita entre ----- y ------ y en dicho documento figura la expresión literal anteriormente reseñada, pero sin que pueda deducirse en absoluto que tal cláusula suponga una exclusión del riesgo como pretende la apelante; especialmente si se pone en relación esa cláusula con el resto de condiciones particulares (f. 466 y 467) y con las condiciones generales (f. 472 y 475), en las que figuran los riesgos incluidos y las exclusiones del seguro y nada en ellas indica que el anexo de 15-2-2000 pueda ser interpretada como una de esas exclusiones, porque los hechos que nos ocupan entran de lleno en el supuesto de daños personales sufridos por un asalariado del asegurado en un siniestro declarado accidente de trabajo, y porque dicho seguro cubre también los daños corporales de los empleados de contratistas y subcontratistas y las únicas exclusiones claras son las expresadas en las condiciones particulares de 5-2-1996 (f. 466).
El segundo motivo de este recurso coincide en la infracción de preceptos sustantivos y en el error de interpretación de la póliza de seguros, cometido en este caso al no tener en cuenta la sentencia apelada el limite cuantitativo marcado en la póliza de 10.000.000 ptas. (60.101,21 €). En este punto hay que dar la razón al apelante, porque el límite cuantitativo es claro y se reitera a lo largo de las condiciones generales y particulares de esta póliza, así las cláusulas 5 y 6 de las condiciones generales (f. 472), o bien el límite cuantitativo de indemnización por víctima marcado en las condiciones particulares (f. 467).
Séptimo.—Intereses
Tanto la compañía ------ como ------ responsable civil directa en virtud de la póliza de seguro de responsabilidad civil suscrita con ------, formulan recursos coincidentes sobre esta cuestión.
La sentencia apelada no contiene ningún pronunciamiento relativo a los intereses legales establecidos en el art. 20 de la L.C.S., dictándose un auto de aclaración de sentencia de 12-11-2004 en el que se añade que las cantidades fijadas como indemnización devengarán el interés legal del 20%. Las dos compañías de seguros alegan infracción del art. 267 de la L.O.P.J. y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que les sirve de fundamento para solicitar la nulidad del citado auto de aclaración, porque, afirman, que el auto de 12-11-2004 no se ha limitado a aclarar una simple omisión, sino a introducir un nuevo pronunciamiento en el fallo de una cuestión que no ha podido ser debatida ni combatida en el juicio.
Hay que rechazar la vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 de la CE, porque las compañías no han sufrido una efectiva indefensión por causa de la aclaración de sentencia introducida en el auto de 12-11-2004. Hay que tener en cuenta que el interés legal por mora en la indemnización de perjuicios a terceros se devenga por imperativo legal, porque el propio art. 20 apartado 4.º de la L.C.S. impone a jueces y tribunales su fijación al establecer literalmente: La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.
Se trata de una cuestión que queda al margen del principio de justicia rogada o del principio acusatorio, por tanto no es necesario que sea objeto de debate del juicio; pero además en fase de ejecución de sentencia existe un trámite específico de impugnación de los intereses en el que se pueden discutir (incluso con acceso a la segunda instancia) todas las cuestiones que las partes interesadas tengan por conveniente. No obstante, también hay que decir que el interés del art. 20 de la L.C.S puede ser tanto el establecido en su apartado 4.º como el 20% que se fija en el auto de aclaración, variando en función de la tardanza de la compañía aseguradora en abonar la indemnización y en un asunto de acentuada complejidad como es el que nos ocupa es necesario determinar bien el dies a quo y el dies ad quem para poder efectuar el cómputo del plazo y fijar uno u otro índice. Por ello, el auto de aclaración debe ser revocado en el sentido de establecer que las indemnizaciones devengarán el interés previsto en el art. 20 de la L.C.S. sin más precisiones que podrán quedar aclaradas en ejecución de sentencia.
Octavo.—De acuerdo con el art. 123 del CP y 240 de la L.E.Cr. se declaran de oficio cuatro décimas partes del juicio de primera instancia, imponiendo las costas restantes a los seis acusados, a partes iguales y declarando de oficio las costas de este recurso.
En atención a lo expuesto,
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora ------ en nombre de -------, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora -------- en nombre de ------, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª ------ en nombre de ------ y de -------, estimado parcialmente el recuso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª ------ en nombre de -----, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. ------- en nombre de -----, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. ------ en nombre de ------. y estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. ------ en nombre de ------ contra la sentencia de 3-9-2004 aclarada por autos de 12-11-2004 y de 7-12-2004 dictados por el Jdo. de lo Penal 19 de Madrid en juicio oral 423/2003, la revocamos y dictamos otra del siguiente tenor:
Que debemos mantener y mantenemos la absolución de ------, ------, ----- y ------- de los dos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores por los que fueron acusados, declarando de oficio cuatro décimas partes de las costas del juicio de instancia.
Debemos condenar y condenamos a ------ como responsable en concepto de autor de dos delitos de homicidio imprudente en un concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 2 años 6 meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico durante igual tiempo.
Debemos condenar y condenamos a ------ como responsable en concepto de autor de dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 2 años 6 meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico durante el mismo tiempo.
Debemos condenar y condenamos a ------ como responsable en concepto de autor material de dos delitos de homicidio imprudente, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de un año de prisión por cada uno de los delitos de homicidio con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo.
Debemos condenar y condenamos a ------- como responsable en concepto de autor de dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 2 años 6 meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de empresario en el sector de la construcción durante el mismo tiempo.
Debemos condenar y condenamos a ------ como responsable en concepto de autor de dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 2 años 6 meses y un día de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico durante el mismo tiempo.
Debemos condenar y condenamos a ------ como responsable en concepto de autor material de dos delitos de homicidio imprudente, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de un año de prisión por cada uno de los delitos de homicidio con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo.
Los seis acusados anteriores indemnizarán de forma solidaria y a partes iguales a ----- en la cantidad de 140.683,23 € por el fallecimiento de su esposo ----- y a ----- en la cantidad de 66.203,89 € por el fallecimiento de su hijo ------. De dichas indemnizaciones responderán directamente las compañías ------ Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y ----- S.A. en proporción sus respectivas pólizas y la primera de ellas con un límite cuantitativo de 60.101.,21 € por víctima. En defecto de los acusados y de las compañías de seguros, responderán subsidiariamente y sin las limitaciones de las compañías de seguros, de forma solidaria entre sí, ------ S.A. y ---- S.L. (------).
Se impone a los acusados el pago de seis décimas partes de las costas del juicio a partes iguales entre ellos.
Las cantidades reseñadas devengarán el interés legal previsto en el art. 20 de la L.C.S. hasta su completo pago.
No se hace imposición de costas en esta segunda instancia.
Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ibermutuamur

Documentación de prevención de riesgos laborales elaborada por Ibermutuamur Corporación mutua


 

 
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