Estás en: Inicio > Derecho del Trabajo > Prevencion de riesgos laborales
 
General
Top descargas
Elergonomista
Objetivos
Contenido
Estadística
Imágenes
Notas técnicas
Carga física
Carga psíquica
Condiciones ambientales
Organización empresarial
Normativa comunitaria
Normativa extracomunitaria
Formación
Utilidades
Contactar
Enlaces
Galería multimedia
Suscripciones
Jurisprudencia
Servicios de Prevención
Foro
Software

Prevencion de riesgos laborales

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) comprende todas aquellas actuaciones dirigidas a evitar la amplia gama de amenazas que para la vida y la integridad personal pueden generarse en cualquier actividad productiva.

Cuando se habla de prevención de riesgos laborales se hace referencia al conjunto de actuaciones realizadas por muy distintos sujetos, cada uno de los cuales dotado de poderes, facultades, obligaciones, derechos y responsabilidades diferentes.

El art.4 LPRL define la prevención de riesgos como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.

  1. Esas actividades de prevención están funcionalizadas a evitar los riesgos del trabajo cualquiera que sea su origen, naturaleza y forma de manifestarse, siempre que signifiquen una amenaza para la salud o la seguridad y ocurran o estén relacionados con la realización de cualquier actividad productiva. Es decir, se trata de lograr un entorno laboral seguro, en cuanto espacio colectivo protegido, y en el que la actividad productiva se desarrolle sin comportar, en la medida de lo posible, riesgos para la salud o la integridad física de quienes participan en ella. Por ello el art.4LPRL llama riesgo laboral a “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”, considerando tal “las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”. Un daño que pudiera estar provocado por las condiciones de trabajo, entendiendo como tales “cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”. Quedando comprendidos las características de los locales, instalaciones, equipos o productos, los agentes, sustancias o materiales químicos, físicos o biológicos y sus procedimientos de utilización, o, como añade el art.4.7.d, “todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador (jornada, distribución del tiempo de trabajo, ritmos de actividad)”.
  2. Se han de considerar como sujetos protegidos destinatarios de las medidas de tutela en que consiste la prevención de riesgos desde luego a los trabajadores asalariados que realizan su actividad en ese medio. Pero también a los funcionarios públicos y al personal estatutario, en su respectivo entorno de trabajo, que se asimilan por la LPRL a los trabajadores por cuenta ajena. Y los trabajadores autónomos, o quienes se relacionen por algún motivo con el medio productivo como es el caso de los clientes, visitantes, trabajadores de otras empresas en el marco de una contrata o de una cesión temporal por parte de una empresa de trabajo temporal (art.3 LPRL).

La aplicación al trabajador asalariado.

El sujeto central de las medidas que prevé LPRL no es otro que el trabajador por cuenta ajena o asalariado; o, lo que es lo mismo, la persona que presta su trabajo a otro, a cambio de un salario, en régimen de subordinación o dependencia e inserto en una organización productiva igualmente controlada por otro que no es sino el empresario.
Es la desigual posición de los dos sujetos de la relación laboral la que fuerza a los poderes públicos a crear los medios (tutela de la “seguridad e higiene en el trabajo”) que garanticen que, en el contexto de esa relación asimétrica de prestación de servicios, valores tan relevantes como la vida y la integridad física del trabajador, garantizados al máximo nivel por el art.15 CE, quedan adecuada y eficazmente protegidos. Convirtiéndose el empresario en el obligado y responsable principal, como corresponde a quien tiene el poder de organización y de dirección de la actividad productiva y detenta la facultad de imponer colectiva e individualmente las condiciones de prestación de trabajo.

    1. LOS PRINCIPIOS GENERALES CONTENIDOS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Pueden destacarse los siguientes:

  1. El empresario es el obligado principal, el deudor contractual de seguridad; o, como dice el art.14.2 LPRL, el “garante de la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”·.
  2. La deuda empresarial de seguridad es, de un lado, una deuda específica o particular, materializada en muchos aspectos de la organización del trabajo y regulada por multitud de normas técnicas, normalmente de tipo reglamentario. Pero también es una deuda general en cuanto tiende a procurar, a cada trabajador el nivel máximo de seguridad posible. Las obligaciones específicas o instrumentales se encuentran en los arts. 16 a 29, y la obligación general en los arts.14 y 15.
  3. El empresario también está obligado a tecnificar y profesionalizar la organización de la prevención en su empresa. Se trata de una obligación organizativa que se concreta en los llamados servicios de prevención (arts.30 a 32 LPRL y por el Reglamento de los Servicios de Prevención, RD39/1997, de 17 de enero) y que hace referencia a la cualificación de tales órganos de asesoramiento, a su dimensión, a la cantidad y a la calidad de medios personales y materiales de que pueden, y deben, disponer para desempeñar sus tareas.
  4. La materia de prevención de riesgos debe estar abierta a la participación de los trabajadores mediante órganos específicos que la LPRL ha denominado “delegados de prevención” y “comités de seguridad y salud laboral” (arts. 33 a 40) con competencias también particularmente diseñadas.
  5. El amplio bagaje de obligaciones, fundamentalmente empresariales, puede generar, algún tipo de responsabilidad en caso de incumplimiento; también la LPRL se ocupa de ello (arts. 42 a 44) presidida por la doble idea de la variedad o multiplicidad de tales responsabilidades (penal, civil, administrativa, de seguridad social) y la compatibilidad de principio entre ellas.

EL EMPRESARIO COMO DEUDOR CONTRACTUAL DE SEGURIDAD.

El art.14 LPRL reitera lo dicho en el art.19 ET en el sentido de que el trabajador tiene derecho a una “protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Pero, a partir de esta reiteración, se aplica en convertir ese derecho en un deber empresarial y; sobre todo, en establecer los criterios que permitan fijarlo en cada caso.
La deuda de seguridad es, además de un deber frente a los poderes públicos respecto del cumplimiento de las normas que éstos establecen en el ámbito de seguridad en el trabajo, una obligación contractual que sirve para proteger valores e intereses (la vida y la integridad) cuyo reconocimiento y consagración son ajenos al contrato de trabajo; pero que en el contrato y en su desarrollo y aplicación encuentran un medio en el que se ven particularmente amenazados.

Los principios de la acción preventiva.

Los principios de la acción preventiva, regulados en los arts.14 y 15 LPRL, todos ellos definidores de la obligación empresarial consisten en:

  1. Amplitud del campo de actuación del deber ya que el empresario debe garantizar la salud de los trabajadores “en todos los aspectos relacionados con el trabajo” (art.14.2); es decir, en relación con todas las condiciones o circunstancias en las que éstos desempeñan su tarea productiva y que sean susceptibles de generar riesgos.
  2. Predominio de la visión preventiva que, no significa sólo reparar el daño producido sino evitarlo; más aún, se trata de eludir el riesgo mismo que no es otra cosa que la probabilidad de sufrir el daño (art.15).
  3. Permanencia y actualización constante de la acción preventiva ya que, en un terreno tan técnico, complejo y cambiante como es el de la seguridad laboral, es preciso, someterla a una revisión constante acompasándola a los cambios tanto en el terreno productivo como de las técnicas de seguridad (art.14.2).
  4. Tener en consideración las características personales del trabajador tanto en el diseño de la producción como en la asignación de tareas, adaptando el trabajo a la persona (arts. 15.2, 15.4, y 15.1.d).
  5. Tecnificar y organizar profesionalmente la prevención de riesgos en la empresa ya sea porque la LPRL le exige al empresario “tener en cuenta la evolución de la técnica” (art.15.1.e), como “planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo (art.15.1.g)”, o “garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico (art.15.3)”.
  6. Cumplir todas las obligaciones establecidas en las normas de prevención de riesgos (art.15.3).
  7. El art.14.2 LPRL exige al empresario el cumplimiento de ciertas obligaciones instrumentales (reguladas en los arts. 16 a 24, y 30 a 33) tales como “la evaluación de los riesgos, la información, consulta y participación y formación de los trabajadores, la actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, y (...) la constitución de una organización y de los medios necesarios”.

El alcance de la obligación de seguridad.

El art.14.2 LPRL incorpora una especie de cláusula de cierre al alcance de la obligación empresarial de seguridad, según la cual “el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas mediadas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”. Así, la de seguridad no es una obligación de resultado que sólo se cumpla cuando la protección es eficaz. Sin llegar a ese extremo, la LPRL exige del empresario una diligencia extraordinaria y particularmente cuidadosa; de manera que sólo circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito lo exoneran de responsabilidad.
Cierto es, que nadie puede ser obligado a lo imposible; pero en salud laboral la LPRL quiere que lo imposible jurídicamente sea sólo aquello que no es técnicamente viable.

LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA.

Para cumplir todas las obligaciones en que consiste la deuda de seguridad empresarial, la LPRL obliga al empresario a adoptar unas concretas medias organizativas que consisten en la obligación de encomendar la tarea de la seguridad, por cuenta de la empresa, a determinados órganos especializados y competentes para estas funciones. Se trata de los “servicios de prevención”(arts.30 a 32) y que se definen como “el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario”. Estos servicios de prevención pueden adoptar diversas formas.

Las formas organizativas de los servicios de prevención.

La central y más típica es la de los llamados servicios de prevención propios en el sentido de que son órganos internos de la empresa, creados en ella y por ella, e integrados por trabajadores propios especializados en materia de prevención de riesgos para desarrollar, en nombre de la empresa, cuantas tareas sean necesarias para garantizar el más adecuado cumplimiento de la deuda de seguridad por parte del empresario (listado de funciones regulado en el art.31.3 LPRL.). Pero no toda empresa está obligada a tener su servicio de prevención propio.
Por este motivo, la LPRL exige estar dotada de servicios de prevención propios sólo a ciertas empresas. En concreto:

  1. Las empresas grandes, de más de 500 trabajadores
  2. Las que tengan entre 250 y 500 trabajadores, si desarrollan alguna actividad considerada por el Anexo I de RD 39/1997 particularmente peligrosa
  3. Que se trate de empresas, bien menores de 250 trabajadores o bien con más de esta cifra pero menos de 500 aunque de actividades no contenidas en el Anexo I, si la autoridad laboral así lo decide, previo informe de la Inspección de Trabajo, debido a la peligrosidad de la actividad, la frecuencia de accidentes y su gravedad en la empresa.

Una modalidad de servicio de prevención propio es el servicio de prevención mancomunado. Se trata de un servicio de prevención propio pero perteneciente a varias empresas que lo constituyen por razones de semejanza de riesgos, cercanía o concentración geográfica o adscripción a un mismo grupo empresarial o sector de actividad.
Si una empresa no está obligada a constituir un servicio de prevención propio, ello no significa que quede liberada de esta obligación organizativa y técnica. La LPRL establece que, fuera de los casos anteriores, las empresas podrán acudir a los servicios de prevención externos o ajenos. Se trata de servicios de prevención que no pertenecen a empresa alguna ya que se constituyen como entidades empresariales especializadas que se ofrecen, mediante precio, a realizar esta tarea de planificación, organización y asesoramiento en materia de salud laboral. No cualquiera puede realizar estas tareas. La LPRL exige que acrediten ante la Administración Laboral que reúnen los requisitos de competencia, formación y número suficiente de personal así como que están dotados de los medios materiales adecuados para poder cumplir correctamente su función.
Además, la LPRL permite otras dos formas de organizar la prevención. Una de ellas es la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de esta actividad (art.30). Se trata de trabajadores contratados específicamente para estas tareas. El empresario sólo podrá acudir a esta fórmula organizativa si no está obligado a constituir un servicio de prevención propio; y, aun no estando obligado, si esa contratación, algo menos articulada que un servicio de prevención, es suficiente para prevenir eficazmente los riesgos en esa empresa concreta. Si no es así, el empresario deberá, o bien crear un servicio de prevención propio aunque no esté obligado, o bien acudir a un servicio de prevención ajeno, que será lo habitual.
La otra posibilidad organizativa es la que el empresario sea quien asuma personalmente las funciones preventivas (art.30.5 LPRL). La escasa confianza de esta fórmula hace que se reserve sólo a empresas de menos de 6 trabajadores (microempresas), siempre que el empresario “desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades”.

La dotación personal y de medios de los servicios de prevención.

Sea cual sea la fórmula organizativa elegida es en todo caso exigible el estar dotado de la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones preventivas. Esa capacidad se manifiesta en diversos elementos:

  1. En la capacidad personal que remite a la formación, los conocimientos, las habilidades profesionales, la especialización y la experiencia de las personas que van a asumir dichas funciones (arts 30.2, 30.5 y 31.4 LPRL).
  2. En la idoneidad y suficiencia de los medios personales y de los medios materiales (art.30.2 LPRL).

Estas exigencias se han visto desarrolladas minuciosamente en el RD 39/1997.

Las exigencias en materia de formación y de medios.

Estas exigencias son distintas según se refieran, de una parte, a las fórmulas de empresario o trabajadores designados y, de otra, a los servicios de prevención propios y ajenos. En los dos últimos casos fija lo que se llama “instalaciones y medios humanos  y materiales mínimos”.
Para los servicios de prevención propios, se exige contar con dos de las cuatro especialidades preventivas fijadas en el art.34 RD (Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada) que, además, han de proporcionarse por expertos con la formación más elevada prevista. Los servicios de prevención internos habrán de incorporar igualmente personal formado en los niveles medio e inferior, que también el RD regula con detalle, y con personal especializado en el aspecto sanitario, caso de que el servicio de prevención interno cuente con él. Por lo que hace a los servicios de prevención ajenos o externos, las exigencias mínimas se refieren a una persona experta al máximo nivel en cada una de las especialidades, más la colaboración de expertos de nivel básico e intermedio, además de las instalaciones e instrumentación necesarias para la realización de todo tipo de actividades preventivas y pruebas, reconocimientos, mediciones y análisis, así como para las actividades formativas y de divulgación. Instalaciones y medios que podrán ser mejorados y ampliados en cada empresa mediante la negociación colectiva.
Las exigencias en relación con los trabajadores designados o con el empresario son mucho más atenuadas, ya que se trata de formas marginales y poco fiables de garantía de la seguridad.

El control de la suficiencia.

Al legislador no le basta con detallar las exigencias de dotación de las fórmulas preventivas sino que ha introducido la necesidad de un control externo e independiente de la suficiencia de tales fórmulas. Se refiere a ello el art.31.5 LPRL, en relación con los servicios externos, al exigir que estén acreditados por la Autoridad Laboral; añadiendo otro mecanismo de control, ahora para los servicios de prevención internos, cual es el de las auditorias o evaluaciones externas.
La acreditación persigue depurar y determinar cuáles son las entidades especializadas que pueden ofrecerse en el mercado como servicios de prevención externos; y lo consigue mediante un procedimiento autorizador en manos de la autoridad laboral, estatal o autonómica, en colaboración con otras autoridades públicas con competencias en la materia. Procedimiento mediante el cual se comprueba que esas entidades están dotadas de los medios y la competencia técnica suficiente para desarrollar su tarea como servicios de prevención externos. Tras la acreditación-autorización definitiva se exige que las entidades acreditadas mantengan las condiciones que les permitieron obtener la acreditación y habilita a las autoridades laboral y sanitaria para que verifiquen “el cumplimiento de las condiciones exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio”, poniendo de manifiesto las deficiencias que se detecten; lo que llevará a la posibilidad de “extinguir la acreditación otorgada”.
Las auditorias o evaluaciones externas tienen como finalidad el controlar que los sistemas internos de organización de la prevención responden a los parámetros de suficiencia, capacitación, operatividad y eficacia necesarios para garantizar, en concreto, la salud laboral en la empresa o empresas (si son servicios mancomunados) correspondientes. La auditoria es periódica, cada 5 años, para garantizar la idoneidad del sistema preventivo; y se exige una inicial que cumple el papel de filtro primero, semejante al de la acreditación para las entidades externas, que permite aceptar o no como adecuado el servicio de prevención organizado por la empresa.
La realización de las auditorias la harán las entidades que, previamente, hayan obtenido la autorización de la autoridad laboral para ello en términos semejantes a como se obtiene la acreditación antes mencionada para constituirse en servicio de prevención externo. Con lo que, finalmente, es la autoridad pública la que realiza la labor de control.
Los rasgos, pues, que marcan los sistemas de control se pueden sintetizar en:

  1. Depuración o filtro previo.
  2. Control de idoneidad y de suficiencia en función del fin perseguido de propiciar estructuras de prevención operativas y adaptadas a las características de las empresas.
  3. Independencia que se manifiesta desde la entidad externa o servicio de prevención ajeno respecto de la empresa concreta y de la entidad auditora en relación con el servicio de prevención interno.
  4. Control público tanto de la habilitación para actuar como servicio externo, cuanto de quienes actúan como auditorias, e indirectamente del propio servicio interno al que auditan.

Todos estos mecanismos afectan a aquellas empresas que, o bien han optado por un servicio de prevención externo, o bien han constituido uno interno o propio; pero no a las empresas en las que el sistema elegido ha sido el de designar trabajadores, o donde quien ha asumido las labores preventivas ha sido el propio empresario. En estos dos casos, su condición de fórmulas marginales se acentúa ya que el art.29 RD las excluye del control a realizar mediante auditorias, o mejor aún, “considera que han cumplido la obligación de auditoria” sólo con el simple hecho de remitan a la autoridad laboral una notificación de que concurren las circunstancias que la hacen innecesaria; juicio que hacen los propios posibles obligados a la misma con base en una autoevaluación que el Reglamento remite.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

LPRL considera la participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos como uno de los derechos instrumentales más relevante en este ámbito. Aunque dicha participación se canaliza habitualmente a través de sus representantes. Esa representación puede ser cualquiera ya que tanto los representantes unitarios como los sindicales tienen por ley atribuidas competencias de participación generales que incluyen las que se refieren a la salud laboral; pero lo normal es que se creen órganos de representación y participación específicos para las cuestiones de salud laboral (“representación especializada”) y que no son otros que los delegados de prevención y los comités de salud laboral.

Los delegados de prevención: elección, facultades, prerrogativas y garantías.

Los define el art.35.1 LPRL como “los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo”.
Su elección la realizan los representantes de personal, de entre ellos, lo que se van a ocupar de las tareas de seguridad laboral. De tal manera que cuando haya un sólo delegado de personal (empresas entre 6 y 30 trabajadores) éste será automáticamente el delegado de prevención; en empresas entre 30 y 50 trabajadores (donde hay 3 delegados de personal) éstos elegirán, de entre ellos, a quien, además, habrá de ocuparse de las cuestiones de salud laboral; en empresas donde haya comité de empresa, son los miembros del comité quienes deciden cuáles de ellos (conforme a la escala de 2 a 8 delegados de prevención) se dedicarán a la representación específica en el ámbito de la seguridad laboral.
Las competencias de los delegados de prevención son amplias y variadas. Según el art.36 LPRL hay que diferenciar entre “competencias” (en cuanto relación de lo que pueden hacer y a lo que tienen derecho) y “facultades” (en cuanto mención de los instrumentos, medios o facilidades para llevar a cabo sus tareas).
Entre las competencias hay que destacar las de consulta y las de vigilancia y control. Las primeras permites a los representantes el intervenir en las decisiones empresariales, en la medida en que deben ser oídos por el empresario antes de que éste adopte medidas productivas u organizativas que tengan que ver con la salud laboral (art.33.1.f LRPL). Esta participación, que se materializa en informes, dictámenes u opiniones de la representación de seguridad, debe ser facilitada por el empresario y ha de elaborarse por los representantes en plazos breves que no entorpezcan el normal desarrollo de la actividad productiva. Las competencias de vigilancia y control, consisten en la supervisión de todas las decisiones empresariales que puedan repercutir en la calidad del medio ambiente de trabajo y en la seguridad de los trabajadores, con la finalidad de lograr que el empresario cumpla correctamente con todas las obligaciones derivadas de las normas preventivas de riesgos laborales.
Por lo que se refiere a las facultades o derechos instrumentales, el art.36.2 LPRL incluye una amplia lista en la que figuran la obligación empresarial de suministrar a los representantes todo tipo de información, tanto general sobre las condiciones de salud del conjunto de trabajadores como particular de las evaluaciones de riesgos realizadas o de las medidas de seguridad adoptadas; igualmente el empresario ha de proporcionar a los representantes las informaciones y datos de la empresa que le vienen desde los servicios de prevención que se ocupan de ella, así como la información sobre los daños ya producidos en la salud de los trabajadores que se contienen, por ejemplo, en los informes de accidentes concretos que hayan tenido lugar.
Otra facultad es la de realizar un control personal y físico de los lugares de trabajo, tanto a propia iniciativa como acompañado a los técnicos de seguridad cuando realizan evaluaciones de riesgos o a los inspectores de trabajo cuando, giran visitas a los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Por último, los representantes de los trabajadores pueden proponer y exigir del empresario la adopción de cuantas medidas de seguridad estimen convenientes así como, en situaciones de riesgo excepcionales, proponer a los representantes unitarios o sindicales que éstos decidan imponer al empresario la paralización de las actividades de la empresa con el fin de evitar los daños que sin duda se producirían de seguir la actividad productiva.
Para el desempeño de sus tareas, los delegados de prevención cuentan con las mismas garantías y prerrogativas que ya tienen en su calidad de representantes unitarios. Es decir:

  1. Libertad de expresión y de comunicación con los trabajadores
  2. Garantías personales frente a decisiones represivas del empresario tales como expediente disciplinario en el caso de sanciones graves y muy graves, estabilidad en el empleo y en el puesto de trabajo máxima posible frente a traslados o despidos colectivos.
  3. Crédito de horas retribuidas y consideradas como de trabajo para el desempeño de las tareas representativas.

El comité de seguridad y salud laboral.

Es el otro órgano de participación previsto por la LPRL en los arts 38 y 39. A diferencia de los delegados de prevención es un órgano paritario, es decir, constituido a partes iguales por representantes de los trabajadores y de la empresa. No todas las empresas están obligadas a constituir un comité de seguridad y salud sino sólo las que superen un determinado número de trabajadores. Así, el art.38 establece que “se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores”.
A las reuniones del comité pueden asistir, con voz y sin voto aun sin ser miembros del mismo, delegados sindicales, responsables técnicos de la prevención, trabajadores con especial cualificación, etc. Las competencias (art.39) se centran en la elaboración de planes de seguridad y en la promoción de iniciativas de seguridad concretas; para lo que el comité tiene unas facultades que se refieren, fundamentalmente, al conocimiento e información sobre la situación preventiva de la empresa, de los documentos e informes elaborados por los servicios técnicos sobre esta misma cuestión, así como de los daños producidos en la salud de los trabajadores con el fin de identificar las causas y proponer soluciones.

LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD.

Están previstas en el Cap. VII de la LPRL. La responsabilidad por riesgos del trabajo está marcada por dos rasgos: la variedad y multiplicidad de posibles responsabilidades, pudiendo concurrir la administrativa, la penal, la civil y la de seguridad social, y la general compatibilidad de todas esta responsabilidades.

Tipos de responsabilidad empresarial (reguladas en el art.42 LPRL).

  1. Responsabilidad penal.

Está prevista en el Código Penal de 1995 y puede surgir como consecuencia de dos tipos de comportamientos diferentes:

  1. El de quien no respetando las normas de prevención de riesgos que les obligan a ello, no proporcione a los trabajadores, estando legalmente obligados, “los medios necesarios para que desempeñen su actividad  con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”. Para incurrir en esta responsabilidad es preciso que ese en cumplimiento genere una situación de peligro grave para la vida, la integridad o la salud de los trabajadores; por está razón se le califica como delito de riesgo y no de resultado ya que no es necesario que se produzca un daño real. Hace falta, además, que se haya producido una infracción de una norma que exija el comportamiento no realizado y que, en fin, esa infracción sea consciente y voluntariamente querida, esto es, que exista dolo en el comportamiento del incumplidor.
  2. Puede sobrevenir a esas mismas personas si se ha producido un daño en la integridad, la salud o la vida del trabajador durante el desempeño de su trabajo y este daño es consecuencia de un comportamiento imprudente o negligente de alguno de los posibles inculpados. Se trata, pues, de un delito de resultado ya que, a diferencia del anterior, exige la producción del daño aunque no una voluntad deliberada de provocarlo.

Responsabilidad civil.

El trabajador puede acudir a los tribunales civiles solicitando que se declare la responsabilidad civil del empresario por incumplimiento de las medidas de seguridad laboral.
Para que prospere la exigencia de responsabilidad civil:

  1. Es preciso que se hayan producido daños efectivos en la salud o en la integridad del trabajador conectados con la realización de sus tareas laborales
  2. Es necesario que exista una relación de causalidad entre el trabajo, el incumplimiento de las medidas de seguridad y el daño producido
  3. Debe existir un comportamiento cuando menos negligente o culposo por parte del empresario o de la persona que actúa en su nombre
  4. El daño indemnizable es el efectivamente producido, comprendiendo tanto el material como el psíquico, inmaterial o moral.

En estos casos la acción de responsabilidad es civil, normalmente de tipo contractual y debería exigirse ante el juez de lo social; aunque tampoco es infrecuente que la acción, que sigue siendo civil, se considere extracontractual y se ejercite ante el juez ordinario o civil. La responsabilidad, se materializa en una indemnización económica que tiene como finalidad la de reparar la totalidad del daño producido; y como tal responsabilidad civil o privada es susceptible de aseguramiento (art.15.5 LPRL).

Responsabilidad administrativa.

Consiste en una responsabilidad fuertemente objetivada de la empresa ya que se origina por el mero incumplimiento de cualquiera de las numerosísimas normas que regulan la materia de la salud laboral. Sólo en casos extremos de fuerza mayor o de caso fortuito el empresario podrá exonerarse de esta responsabilidad que, no es susceptible de aseguramiento.
La declaración de responsabilidad se materializa en una sanción que adopta la forma de una pena de naturaleza económica o multa que puede oscilar entre las 50.000 pesetas y los 100 millones. Dicha declaración tiene lugar tras un expediente administrativa que se inicia con un acta de infracción realizada por el inspector de trabajo, sigue con la instrucción propiamente dicha del expediente donde el imputado ha de tener la oportunidad de realizar alegaciones y finaliza, si es el caso, con la imposición de la sanción pertinente por parte de la autoridad laboral. La regulación del tipo de infracciones se encuentra en los arts. 11 a 13 LISOS que diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves.
Según el tipo de infracción corresponde una sanción económica que valorará, además, para agravarla ciertas circunstancias que pueden acompañar al incumplimiento del empresario tales como el número de trabajadores afectados, la reincidencia, etc. Junto a la multa el LPRL prevé otras medidas de tipo cautelar, que pueden acompañar a la sanción económica tales como la suspensión o la paralización de las actividades productivas, o el cierre del centro de trabajo mientras no se adopten las medidas de seguridad exigidas. Finalmente, también se prevé que un empresario infractor de las medidas de seguridad quede excluido por un cierto tiempo de la posibilidad de contratar con la Administración Pública (art.54 LPRL).

Responsabilidad en materia de seguridad social.

Pueden existir dos subtipos de responsabilidades:

  1. La más habitual es la que consiste en un recargo permanente de las prestaciones de S.S. a que el trabajador accidentado o enfermo pudiera tener derecho. El recargo consiste en que el empresario deberá abonar al trabajador o a sus herederos una cantidad consistente en un porcentaje de incremento de esas prestaciones (del 30 al 50%), a su exclusivo cargo y sin que pueda desplazar dicha responsabilidad mediante el aseguramiento privado. Se trata de una responsabilidad, recogida en el art.123 LGSS, que tiene lugar siempre que el empresario no haya cumplido cualquiera de sus obligaciones de seguridad, y las consecuencias de dicho incumplimiento tengan cierta gravedad sobre la salud o la integridad del trabajador.
  2. La otra responsabilidad empresarial en materia de S.S. es la que la ley (arts.195 y 197 LGSS) le asigna por la totalidad de la cuantía de las prestaciones: es decir, que ha de abonarlas y hacerse cargo de todas ellas y por todo el tiempo que deban durar en lugar de la entidad gestora de la S.S. o de la Mutua. Se trata de una responsabilidad económica muy importante, que tampoco es asegurable por cuanto de naturaleza pública, pero que, a diferencia de la del recargo, sólo se origina en casos mucho más limitados y excepcionales.

La compatibilidad de las responsabilidades empresariales.

En principio, todas son compatibles, de manera que el empresario puede estar obligado a hacer frente simultáneamente a todas ellas (art.42.1 y 3 LPRL).
Esta compatibilidad general ha de ser, no obstante, matizada de la siguiente forma:

  1. La responsabilidad administrativa es siempre compatible con la civil y la de la S.S., si bien no lo es con la penal en virtud del principio constitucional de que nadie puede ser sancionado doblemente por la misma falta o comportamiento.
  2. La responsabilidad penal es sólo incompatible con la administrativa en los términos dichos.
  3. La responsabilidad civil es compatible con cualquiera otra si bien los jueces tienden a moderar su cuantía teniendo en cuenta las cantidades que el trabajador ya recibe en concepto de prestaciones de la S.S. y de recargo de las mismas.
  4. La responsabilidad en materia de S.S., sea por recargo o por la totalidad de las prestaciones, siempre es compatible con cualquier otra responsabilidad.

OTROS RESPONSABLES. LA RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR.

Aunque el responsable central es el empresario directo del trabajador que sufre las condiciones de trabajo inadecuadas o inseguras, otros sujetos pueden igualmente asumir responsabilidades de forma más o menos directa.
Se trata de los casos de empresas contratista o subcontratista, donde la empresa principal, responderá solidariamente con la contratista de las obligaciones en materia de salud laboral (art.42.3LISOS); es decir, que cualquiera podrá dirigirse exigiendo responsabilidad contra ambas empresas o contra cualquiera de ellas, de forma indistinta. Otro supuesto es el de las ETT, en el que la empresa usuaria o que utiliza los servicios del trabajador asume la mayor parte de las obligaciones y responsabilidades en materia de salud laboral y sólo subsidiariamente responderá la ETT (art.42.2 LISOS). También pueden ser responsables terceros, como es el caso de los servicios de prevención ajenos, de las mutuas de accidentes o de las entidades formativas o auditoras.
La responsabilidad del trabajador es, finalmente, mucho más limitada como corresponde a su posición subalterna en el terreno de la salud laboral; siendo más un sujeto pasivo que activo de la misma, si bien deba cumplir las órdenes e instrucciones de seguridad y observar un comportamiento diligente, cuidadoso y no imprudente. Sus obligaciones en materia de prevención de riesgos se enumeran en el art.29 LPRL y es ahí donde también se explicitan sus responsabilidades que se producen casi siempre en el terreno de su relación contractual con el empresario. De esta forma “el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos (...) tendrá la consideración de incumplimiento laboral”; lo que significa que, podrá ser sancionado o despedido por ello.
También podrá exigírsele por parte del empresario la responsabilidad civil derivada de su comportamiento laboral defectuoso en el ámbito de la seguridad; sea porque haya provocado daños en máquinas o instalaciones, sea porque haya sido la causa de lesiones a clientes o a compañeros de trabajo. En cualquier caso, está excluida la responsabilidad administrativa del trabajador, pero no la penal, que podrá imputársele si es el causante de daños a la salud o la integridad de otros trabajadores de la empresa o del centro de trabajo

 


©2004 Elergonomista.com