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Con toda certeza, cuando hablamos de limitación del tiempo de trabajo tendremos la imagen de que se trata de un derecho no reducido al ámbito del derecho de trabajo, a pesar de que la evolución histórica de la lucha por este derecho ha estado en los objetivos originarios del derecho del trabajo, pero a día de hoy, está ampliamente reconocido como un derecho humano difícilmente discutible, y ha constituido uno de los mayores logros en la lucha por los derechos y libertades individuales.
Durante la primera mitad del S. XIX tuvo lugar la transición hacia el trabajo desarrollado en fábricas. Su generalización supuso una alteración de las condiciones de trabajo de un número cada vez mayor de trabajadores/as, los antiguos modos de producción sufrieron una variación sustancial que supuso un progresivo endurecimiento de las condiciones en las que el trabajo se desarrollaba: jornadas extremadamente largas, condiciones insalubres e inseguras en los puestos y unos sistemas de mando en los que la represión, los castigos y las sanciones por impuntualidad o desobediencia estaban al orden del día.
Además, el concepto dominante de tiempo de trabajo en la primera fase de la industrialización se basaba en la percepción de que las horas transcurridas fuera del trabajo eran simplemente “tiempo perdido”, lo que en la práctica supuso una subordinación de la vida de los trabajadores/as a las necesidades de la producción.
Estas duras condiciones se aplicaban a plantillas en las que la mano de obra estaba constituida por hombres, mujeres y un gran número de niños y niñas. La opinión pú blica, crítica con estas condiciones a las que se sometía a los menores, dio lugar a la necesidad de regular el empleo de niños y mujeres en la Inglaterra del XIX.
El resultado fue la aprobación, a comienzos de siglo, de leyes que regulaban el trabajo en las fábricas (Factory Acts), en este caso dirigidas principalmente a limitar la ocupación de los menores como la “Ley para la Mejor Conservación de la Salud y de la Moral de los Aprendices” que limitaba el empleo de los niños a doce horas diarias y, en 1819, la segunda Ley de Fábricas “Ley Reguladora de las Fábricas de Algodón”, estableció la prohibición de emplear a menores de 9 años en las fábricas inglesas.

Los años posteriores abrieron el debate a la duración máxima de diez horas para la jornada laboral –pensada siempre para niños y mujeres– un debate que duró años y en el que participaron los principales políticos y economistas de la época. Durante los años posteriores, los intentos de incluir la regulación de las diez horas en las leyes de Fábricas que se fueron sucediendo, tuvieron resultado en la normativa de 1847, siendo de aplicación a mujeres de cualquier edad y varones menores de 18 años. No sería hasta 1874 cuando se establece la jornada máxima de 10 horas para toda la clase trabajadora.
El ejemplo cundió en buena parte de Europa y el límite de 10 horas estaba consolidado en la mayoría de los estados europeos, y en algunos latinoamericanos, a finales de la Primera Guerra Mundial.
La evolución legislativa en el Estado español no fue muy diferente. Los/as investigadores/as que han hecho una revisión de los cambios en la jornada laboral aseguran que esta ha pasado por las mismas etapas que el resto de países industrializados, aunque es bien cierto que la aprobación de normas legales que la regulen ha sido mucho más lenta que en otros Estados. Mientras que la primera norma española – la Ley sobre “El trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros” conocida como Ley Benot (recibe el nombre del, entonces, Ministro de Fomento Eduardo Benot) - es de 1873, en Europa se había comenzado a legislar desde los primeros años 30 (Reino Unido 1833, Prusia 1839, Francia 1841, etc.).
Resulta similar a otros Estados europeos el inicio de la regulación normativa de la jornada de trabajo, que comienza con la preocupación por la legislación de la ocupación de niños/as y mujeres en las fábricas. En el caso del Estado Español, la aparición de la Ley Benot de 1873 -resultado de un estudio realizado a instancias del Congreso de los Diputados sobre el estado de la clase obrera española- es, además, un importante referente por tratarse de una norma que introduce elementos preventivos –higiene en la terminología del momento– y, a pesar de la cierta polémica que existe entre los/as expertos/as, esta norma es, para muchos especialistas, “la primera de las leyes obreras españolas en sentido estricto”
En el ambiente reformista de la I República, el Parlamento Español es escenario de iniciativas que tienen por objetivo la reducción de las horas de trabajo, como la propuesta de ley presentada por un grupo de diputados encabezado por el parlamentario catalán Antoni Carné, un obrero catalán representante de la Unión Manufacturera en la que se proponía a la Cámara a través de un artículo único:
“La duración de la jornada en fábricas de vapor, talleres y demás establecimientos de carácter industrial o fabril no excederá de nueve horas útiles.”
Estas propuestas se traslucen en las iniciativas legislativas de la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883, en las que se plantea una limitación genérica de la jornada laboral. A pesar del contrastable retraso en el tratamiento legislativo de estos temas, la realidad social evidenciaba que se trataba de una demanda que estaba entre los objetivos de la clase trabajadora en relación a las peticiones del 1 de mayo.
Los movimientos huelguistas de 1886 en Cataluña pedían las 8 horas de jornada y a partir de las celebraciones del 1 de mayo de 1890 las peticiones de los sindicatos se centraban en demandas concretas:
• Limitación de la jornada de trabajo a un máximum de 8 horas para los adultos.
• Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de la jornada para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 18 años.
• Abolición del trabajo de noche, exceptuando ciertos ramos de industria cuya naturaleza exige un funcionamiento ininterrumpido.
• Prohibición del trabajo de la mujer en todos los ramos de industrias que afecten con particularidad al organismo femenino.
• Abolición del trabajo de noche de la mujer y los menores de 18 años.
• Descanso no interrumpido de 36 horas por lo menos, cada semana, para todos los trabajadores
A pesar de la presión sindical no fue hasta 1919 cuando se firmó el decreto que limita legalmente el máximo de 8 horas de jornada diaria y 48 semanales en todas las actividades laborales

Con todo, el papel de los sindicatos ha sido clave desde el principio de la lucha por la reducción de la jornada laboral, sobre todo desde la perspectiva de conseguir una homogeneización de las normas que facilitase su aplicación global en el mundo. Esta persistencia en las demandas tiene finalmente sus efectos en la inclusión de las 8 horas de trabajo diarias y la semana de 48 horas en el Preámbulo del Tratado de Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la primera norma elaborada por este organismo, el “Convenio sobre las Horas de Trabajo (industria)” de 1919 (número 1). Esta demanda se extiende a todos los sectores –con la excepción de los trabajadores/as agrícolas– en el “Convenio sobre las Horas de Trabajo (comercio y oficinas)”, 1930 (número 30).
La importancia de la norma de la OIT, desde el punto de vista preventivo, es que la semana de 48 horas es la norma legal que establece el límite en términos de salud, fijando el número de horas por encima del cual el trabajo regular se convierte en lesivo para la salud de las personas. Y es que, la protección de la salud de trabajadores y trabajadoras ha sido siempre un aspecto primordial en la lucha por la reducción de la jornada laboral incluyendo, en los debates previos a la aprobación de la norma, estas referencias a conceptos que todavía no entraban dentro de lo que hoy conocemos como salud laboral, como era el “tiempo del ocio” para los trabajadores y trabajadoras.
La evolución de las tendencias de reducción horaria favoreció que a partir de 1935 muchas de las normativas nacionales incorporasen el límite de 40 horas.
De igual modo, las normas internacionales apuestan claramente por la reducción a 40 horas semanales; en su redacción se argumenta que esta debería ser “una norma social que habría de alcanzarse por etapas, si fuese necesario”, y de esta forma se estableció en la Recomendación sobre la Reducción de la duración del trabajo, 1962 (Norma 116).
La extensión de la reglamentación de las 40 horas ha tendido a generalizarse, tal y como demuestra la investigación realizada por la OIT en 2005 para la elaboración de una base de datos de legislaciones sobre tiempo de trabajo. Según este estudio, casi la mitad de los estados investigados han optado por la reglamentación de las 40 horas, y lo que resulta más importante a efectos de esta investigación: la vinculación entre tiempo de trabajo y salud figura entre los argumentos que avalan la producción de normativas sobre ordenación de tiempo de trabajo. Así se recoge en el argumentario de la Directiva 2003/88/CE, en él se afirma que la mejora de la seguridad, la higiene y la salud de los/as trabajadores/as es un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico.

Así pues, el debate y la regulación normativa del tiempo de trabajo ha sido una lucha de largo recorrido, constituyendo todavía una de las “cuentas pendientes” de las sociedades desarrolladas.
Realizada esta breve reseña sobre la evolución histórica de la jornada laboral, se emprende en este capítulo un análisis del tiempo de trabajo en España y en el contexto europeo, comentando de manera detallada y desde una perspectiva cuantitativa, aspectos asociados a la jornada laboral y otras cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo.

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Documentación de prevención de riesgos laborales elaborada por Ibermutuamur Corporación mutua


 

 
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