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Miguel Clemente y Adela Reig. Universidad de La Coruña

La prueba constituye una fase esencial del proceso en la que el órgano jurisdiccional debe formar su convicción sobre la veracidad de las alegaciones vertidas por las partes en el proceso. La prueba es la demostración de la existencia de un hecho o de la verdad de una afirmación, tratando de obtener la convicción psicológica del juzgador respecto a un dato procesal determinado. Ciñéndonos al ámbito del proceso civil, ya que es en el Código Civil en el que se recoge toda la normativa al respecto, como consecuencia del principio dispositivo y de aportación de parte, son los litigantes quienes deben introducir los hechos y la prueba sobre esos hechos necesitados de prueba, teniendo tal carácter aquellos hechos controvertidos en los que exista discusión entre las partes. La carga de la prueba recae principalmente sobre las partes, valiéndose de los medios de prueba previstos legalmente, si bien, excepcionalmente, el juez puede acordar de oficio alguno de estos medios de prueba a través de las denominadas, hasta ahora, diligencias para mejor proveer, llamadas en la nueva ley diligencias finales, siempre y cuando concurran los presupuestos establecidos legalmente. Es decir, dado que nos encontramos ante temas civiles y no penales, cada una de las partes es la que debe aportar sus elementos de prueba. En nuestro caso, es una de las partes litigantes la que solicita nuestra presencia para corroborar un informe, y muy excepcionalmente (o así debe serlo) el propio juez.
Lo expuesto nos advierte de la importancia de la materia objeto de estudio, puesto que el resultado de esta fase procesal condicionará a la estimación o desestimación de las pretensiones formuladas por las partes. Es decir, nuestro testimonio será fundamental para una de las partes, y en general, para el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido, que son los llamados hechos probados (independientemente de que a menudo los “hechos probados” no coincidan con la verdad).
No existe unanimidad con respecto a los elementos integrantes del concepto de prueba o su finalidad de manera que, si bien es cierto que la prueba tiende a la consecución del convencimiento del juez sobre la veracidad de las alegaciones vertidas por las partes en el proceso, también es cierto que a menudo los científicos y profesionales nos encontramos ante un mundo que considera que la determinación de la verdad se consigue por procedimientos diferentes. En concreto nos estamos refiriendo a que la esencia del sistema de Justicia reside en contraponer la versión de las partes en litigio, y estima que la verdad se obtendrá tras dicha contraposición; es decir, oídas las partes, se puede “encontrar” la verdad. Sin embargo, científicamente se puede determinar si un hecho es cierto o no, o es indemostrable, independientemente de dicha confrontación.
Así, es posible que un juez determine que existe contradicciones entre dos peritos, cuando en realidad uno de ellos no puede presentar pruebas que determinen la responsabilidad de las partes, pero expresa conclusiones diferentes al otro perito. Se trata de la tradición grecorromana, y a título de ejemplo podemos fijarnos en que la palabra “Parlamento” deriva de “parlar”, “hablar”, de la dialéctica verbal.
Por otra parte, Guasp (1996) distingue entre la prueba procesal y la prueba civil o prueba material; la primera tiene la finalidad de conseguir la convicción psicológica del juzgador sobre los hechos aportados al proceso, y la segunda es la que tiende a producir en el desarrollo normal de las relaciones jurídicas convicciones o creencias de tipo jurídicamente objetivo. Hemos de aclarar que hablamos de convencimiento psicológico porque el juez al dictar sentencia lo hace porque está convencido (tiene la certeza psicológica) de que algo ha ocurrido de una determinada manera, y de ello se derivan unas responsabilidades concretas.

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