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Estás en: Inicio > Elaboración de informes periciales > LA PRUEBA DE PERITOS

Miguel Clemente y Adela Reig. Universidad de La Coruña

Concepto
La prueba pericial o dictamen de peritos es un medio de prueba en virtud del cual una persona con conocimientos especializados o técnicos que el órgano jurisdiccional no tiene, pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los elementos o hechos de prueba, sin olvidar que esa prueba debe referirse precisamente a conceptos, juicios y máximas de experiencia propias de un saber especializado. Por tanto, la función del perito es precisamente esa, la de aportar dichos conocimientos en razón fundamental a la circunstancia de que por su profesión, por su pericia o por su experiencia, esté en posesión de tales elementos de conocimiento que precise el órgano jurisdiccional para poder resolver o apreciar los hechos o algún hecho de influencia en el pleito.
El fundamento pues de la intervención de los peritos en el proceso no es otro que la necesidad surgida en el mismo de unos conocimientos especializados que el juez precisa para llevar a cabo su función y esta necesidad es la que concreta la función y el objeto de su intervención en el proceso, articulándose por medio de la prueba pericial. En este sentido, la prueba de peritos se menciona entre los diferentes medios de prueba tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 como en la nueva ley procesal civil (arts 578.5 y 610 a 632 y 299.4 y 335 a 352, respectivamente), y hasta ahora en los arts. 1242 y 1243 del Código Civil., si bien estos últimos han sido derogados por la disposición derogatoria segunda de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Debemos considerar no obstante que estamos ante un particular medio de prueba puesto que, como expresa, por ejemplo, Garciandía-González (1999) además de la función probatoria que el perito debe desempeñar en el proceso cuando actúa sobre los hechos, subsumiéndolos en las máximas de experiencia que él incorpora, en otras ocasiones el perito proporciona simplemente estas máximas de experiencia, supliendo la falta de conocimientos especializados del juzgador, supuesto en el cual actúa como un mero auxiliar del órgano jurisdiccional sin cumplir estrictamente la finalidad probatoria.
Por tanto, su naturaleza de medio de prueba, cuyo cometido es el de auxiliar al juez en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, parece incuestionable. La nueva ley permite a las partes, como ya hemos comentado al principio, optar entre la aportación de dictámenes periciales elaborados por peritos designados por ellas mismas o bien solicitar al juez la designación de un perito para que emita el dictamen dentro del proceso, sistema este último que garantiza la imparcialidad del experto, esencial para que éste pueda desempeñar su cometido de auxiliar al juez con objetividad
Características
La prueba pericial es un medio de prueba de naturaleza personal, puesto que es una persona, el perito, el que dictamina e informa al juez. Consiguientemente, resulta esencial discernir entre el perito y sus conocimientos técnicos y especializados, fuente de la prueba, y el informe o dictamen que prestará en el proceso a través del procedimiento establecido para ello, medio de prueba.
Concretamente, en lo que respecta a las personas que pueden ser peritos, en primer lugar, debe tenerse en cuenta, evidentemente, que la intervención como perito es incompatible con la condición de juez en el mismo proceso y con la posición de parte.
Perito es pues un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, que posee unos conocimientos técnicos especializados, con o sin título profesional, y que los lleva al proceso tras haberlos aplicado a los hechos u otros elementos objeto de la prueba.
El perito, por tanto, no tiene que haber presenciado los hechos, no es llevado al proceso por ello, y en eso se diferencia del testigo, si bien, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil nos encontramos con una figura híbrida “el testigo-perito”, quien testificará sobre hechos pasados en los que haya intervenido o de los que haya tenido conocimiento por referencia, admitiéndosele en este sentido las manifestaciones que se deriven de los conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos que posea sobre la materia, aunque en relación a tales manifestaciones las partes podrán hacer notar al tribunal la concurrencia de las circunstancias de tacha de peritos, poniendo de este modo sobre aviso al juez o tribunal de la posible parcialidad de su declaración (art. 370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En consecuencia, el testigo-perito es la persona que interviene en el proceso emitiendo declaraciones sobre hechos que ha podido conocer en razón de sus conocimientos especializados.
Éste suele ser el caso que nos incumbe, ya que nosotros normalmente no hemos estado presentes en el momento en que se ha producido el problema, sino que hemos acudido con posterioridad. Por lo tanto, en rigor no somos testigos, y por eso se nos cita a menudo como testigos-peritos, ya que tampoco en su momento el tribunal nos encargó realizar una pericial (en ese caso seríamos peritos), sino que se valora nuestra posición de expertos y el haber intervenido en la investigación desde nuestro puesto de trabajo.
Así, en la declaración del testigo-perito se puede diferenciar, de un lado, su declaración sobre los hechos (que sería la declaración propiamente testifical) y, de otro, sus manifestaciones sobre aspectos técnicos, artísticos o prácticos en torno a los hechos declarados (esto es, el dictamen pericial). Y volviendo a nuestro caso, normalmente en la parte de “testigo” no tenemos nada que decir al respecto.
En segundo término, puede ser tanto una persona física como jurídica (art. 340.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LEC, -que se refiere también a “las Academias e Instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia”).
En tercer lugar, el perito, es traído al proceso exclusivamente por su preparación artística, científica o técnica, sin que tenga importancia el modo de adquisición de sus conocimientos, ni siquiera que tenga o no un título oficial que le faculte para ejercer la profesión, aunque la ley otorgue mayor preferencia a los titulados (art. 340.1 LEC). En principio, hay tantos tipos de peritos como profesiones existen, excluyendo obviamente a las ciencias jurídicas. Perito es, en efecto, la persona que, sin ser parte, emite declaraciones sobre datos que habían adquirido ya índole procesal en el momento de su observación; estas dos circunstancias son las que diferencian la prueba pericial de la confesión o interrogatorio de las partes, según la terminología que emplea la nueva ley procesal, y de la prueba testifical.

Otra característica de la prueba pericial es que para que sea admisible debe ser necesaria para formar la convicción judicial, porque el legislador condiciona su admisibilidad precisamente a que para apreciar algún hecho de influencia en el pleito sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos, de manera que si no fuere así el juez debería decretar la inadmisión del medio de prueba propuesto por las partes (art. 335 de la nueva LEC). Por tanto, si el juez ya posee esos conocimientos técnicos especializados no es necesaria la prueba pericial y deberá inadmitirla; o bien si estima que no es pertinente dicha información para el problema judicial que se plantea.
En lo que respecta a la posibilidad de que el juez decrete este medio de prueba de oficio, en el régimen que contempla la LEC 1/2000, de 7 de enero, pocas son las probabilidades de que esto suceda en el caso de que faltándole tales conocimientos las partes no hayan propuesto este medio de prueba, ya que se supedita a que las pruebas que se solicitan por las partes no hayan podido proponerse en tiempo y forma por las mismas o a las que propuestas no pudieron practicarse por causas ajenas a la parte solicitante o, finalmente, si se refieren a hechos nuevos o de nueva noticia, si bien, excepcionalmente, el tribunal de oficio podrá acordar que se practiquen otros medios de prueba referentes a hechos relevantes cuando los actos de prueba no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos (art. 435 de la nueva LEC). Es decir, existe un momento procesal que se denomina la fase probatoria, que es cuando se debe solicitar la realización de cualquier pericial que se considere oportuna, así como solicitar que se requieran informes a instituciones públicas –como es nuestro caso- y además que se cite a los expertos que han elaborado los mismos.

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