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Miguel Clemente y Adela Reig. Universidad de La Coruña

Derechos
El perito tiene el derecho básico de cobrar honorarios por la elaboración del dictamen, conforme al arancel correspondiente, en su caso. Es preciso hacer notar que en calidad de técnicos de institución oficial no solemos ser designados peritos por parte del tribunal, por lo que este párrafo no nos afecta (somos testigos-peritos). El tema se resuelve de manera satisfactoria en la nueva regulación del proceso civil ya que, frente a la situación anterior, se prevé, de un lado, quién deberá abonar los honorarios del perito designado por el juez y, de otro, la necesidad de que se realice provisión de fondos al perito nombrado. De esta forma se resuelve el problema práctico de la “adecuada y tempestiva remuneración de los peritos” (Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartado XI). De esta forma, el dictamen que emita el perito de designación judicial será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que se pueda acordar posteriormente en materia de costas (art. 339.2.1º LEC). Cuando ambas partes lo hubieran pedido inicialmente, el juez podrá designar, si se muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá a ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de costas (art. 339.2.3º LEC). Por tanto, de acuerdo con el art. 241 LEC, las costas y gastos del proceso se irán pagando a medida que se vayan produciendo; todo ello sin perjuicio del derecho que le asiste de repercutir esos gastos en la parte contraria, una vez que sea firme la resolución judicial que ponga fin al proceso a través del procedimiento de apremio, previa su tasación.
En lo que se refiere a la provisión de fondos, ésta podrá ser solicitada, a cuenta de la liquidación final, por los peritos de designación judicial en el plazo de los tres días siguientes a su nombramiento. El tribunal decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubieran propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo si no se hubiere procedido al depósito, el perito quedará eximido de emitir el dictamen (art. 342.3 LEC). Y en el caso de que alguno o todos los solicitantes tengan derecho a asistencia jurídica gratuita, será la Comunidad Autónoma correspondiente la que tiene que hacer frente al pago, que suele liquidarse de manera dilatada en el tiempo, y sólo cuando hay sentencia firme.
En cuanto a los peritos designados por cada una de las partes hay que entender que se establece una relación privada, de tal forma que serán ellas las que paguen los honorarios al perito y, en su caso, la correspondiente provisión de fondos.
Por último, para los supuestos en que los litigantes gocen del derecho de asistencia jurídica gratuita, como hemos comentado previamente, según el art. 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, modificado por la disposición final decimoquinta de la nueva LEC, 17, se establece: “El derecho de asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: [..] 6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas, ésta se llevará a cabo, si el juez o tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan”.
Puede que los peritos privados se nieguen a realizar el peritaje, teniendo en cuenta el sistema previsto para el cobro de honorarios en los arts. 38 y 39 del Reglamento que desarrolla la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los cuales exigen con carácter previo a la realización de la pericia una previsión del coste de esa prueba y su remisión a la correspondiente Gerencia del Ministerio de Justicia para su aprobación. La previsión quedará aprobada si en el plazo de un mes no se formula reparo por parte de la Gerencia Territorial correspondiente, lo que genera obviamente inseguridad para el perito, que deberá realizar la peritación sin saber si los gastos serán asumidos y abonados por la misma. No obstante, creemos que con la nueva Ley no le será posible al técnico privado renunciar al encargo judicial, el cual es obligatorio, ya que la inclusión en la lista que el de justicia Colegio respectivo remite a los órganos jurisdiccionales para proceder a la designación judicial de peritos es potestativa y depende exclusivamente de la voluntad de los colegiados (art. 341.1 LEC).
Por otra parte, es preciso señalar que en algunos temas judiciales existen cuerpos especializados de peritos que trabajan para la Administración de Justicia (como es el caso de los Equipos psicosociales en los Juzgados y las Fiscalías de Menores, del Instituto de Medicina Legal de Galicia y en general de las denominadas Clínicas Médico-Forenses, etc.) Pero dentro del ámbito laboral no existe un cuerpo de peritos forenses dentro de la Administración de Justicia, por lo que de solicitarse una prueba pericial, o las partes las contratan a nivel particular, o su se solicitan a la Administración puede darse el caso de que seamos nosotros como trabajadores de una institución pública quienes tengamos la obligación de realizarla, y en ese caso no podríamos cobrar honorarios, sino solamente exponer en nuestro puesto de trabajo que necesitamos disponer de un tiempo dentro del mismo para realizar tal labor.
Deberes
El deber primordial de los peritos es el de elaborar y emitir el dictamen correctamente, es decir, aplicando científicamente los conocimientos profesionales y que se requieren para el caso concreto. Se alude además en la ley a la obligación de prestar juramento o promesa de decir verdad y de actuar con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes (art. 335.2 LEC). Para ello tienen la obligación previa de comparecer en juicio y así, acto seguido, jurar o prometer decir verdad, indicando que va a actuar o que ha actuado con la mayor objetividad posible, manifestando que conoce las sanciones penales previstas para el caso de incumpliendo de este deber.
De esta forma, una vez designado el perito por el juez y hecho el correspondiente llamamiento, tiene obligación de comparecer para aceptar el cargo, salvo que concurra justa causa que deberá ser alegada en ese momento (art. 342.2 LEC). Solamente cuando el motivo de la causa sea aceptado por el juez, quedará el perito relevado de su obligación de aceptar el nombramiento. Y evidentemente, no es posible alegar causas como el exceso de trabajo en nuestro puesto cotidiano.
Por último, no siempre será necesario proceder a la ratificación posterior del dictamen pericial presentado, puesto que la presencia del perito en el juicio queda a criterio del órgano judicial, pudiendo hacer peticiones en ese sentido las partes (arts. 337.2 y 346 LEC), si bien, el órgano judicial puede acordar en todo caso mediante providencia que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado (art. 346 LEC).
En estos casos, cuando se considere necesaria la intervención del perito, éste estará obligado a comparecer en el día señalado para la celebración del acto del juicio en el procedimiento ordinario o la vista del juicio verbal, salvo que le resulte imposible por causa mayor u otro motivo de análoga entidad, en cuyo caso deberá manifestarlo así al juez (art. 183.1 LEC). Si el juez acepta la excusa, decidirá, previa audiencia de las partes, si deja sin efecto el señalamiento del juicio o de la vista y efectúa otro nuevo, o si cita al perito para la práctica de la actividad probatoria fuera del juicio o vista (arts. 183.4 y 430 LEC).
Por el contrario, si el juez no considera debidamente acreditada o suficiente la excusa del perito, mantendrá el señalamiento del juicio o vista y se lo hará saber a través de la correspondiente notificación, al tiempo que le requiere para comparecer, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad judicial (arts. 183.4 y 292 LEC).
A esto se añade además que si el juez, en el momento de resolver sobre la suficiencia de la excusa del perito, aprecia que éste actuó con dilación injustificada o sin fundamento, podrá imponerle una multa (art. 183.5 LEC).

Ibermutuamur

Documentación de prevención de riesgos laborales elaborada por Ibermutuamur Corporación mutua


 

 
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