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Prestaciones de la seguridad social

1. La relación jurídica de protección.

La relación jurídica de protección es una relación jurídica instrumental de la Seguridad Social , en virtud de la cual un sujeto (entidad gestora o colaboradora) va a satisfacer prestaciones determinadas legalmente a otro sujeto (beneficiario) con el fin de hacer frente a una situación de necesidad actual de este último.

Hay una serie de requisitos necesarios para que se produzca una relación jurídica de protección:

  • Tiene que existir una situación de necesidad en las prestaciones contributivas se presume que existe dicha situación de necesidad sin tener que demostrarlo, mientras que en las prestaciones no contributivas el beneficiario tendrá que demostrar que esta en una situación de necesidad.
  • Un hecho causante, el hecho causante es el que hace nacer la prestación. El hecho causante es tener una enfermedad común o profesional, o sufrir un accidente de trabajo o no laboral que incapacite a la persona para seguir trabajando.

El hecho causante se producirá sobre un sujeto determinado, que es el sujeto causante. El sujeto causante es aquel que reúne las condiciones necesarias para que nazca la prestación. El sujeto causante puede coincidir o no con el sujeto beneficiario. El sujeto beneficiario es aquel que sufre la situación de necesidad actual, ya sea real o presunta, y que va a recibir la prestación.

Las condiciones para ser sujeto causante son.

  • Estar afiliado a la Seguridad Social, este requisito es indispensable para las prestaciones contributivas.
  • Estar dado de alta o en una situación asimilada al alta para tener derecho al incapacidad permanente en los grados de absoluta y gran invalidez, a una pensión de viudedad u horfandad y a la prestación de jubilación.

El hecho de ser beneficiario de otra prestación del sistema implica que esa persona está en situación de alta real o en una situación asimilada al alta para otra prestación.

  • Tener cubierto el periodo de carencia, es decir, el periodo mínimo de cotización exigido que se fija en las normas. El periodo de carencia en principio sólo se exige en la enfermedad común, por lo que no se exige para las prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Hay una excepción, ya que en el accidente no laboral si el sujeto no esta dado de alta o en situación asimilada al alta también se le exige un período de carencia.

Los elementos de la relación jurídica de protección son:

  • Los sujetos que intervienen en la relación jurídica de protección, estos son:
  • Los sujetos responsables del pago de la protección que son o una entidad gestora o una entidad colaboradora.
  • El beneficiario, que es el sujeto que sufre la situación de necesidad real o presunta y que por estas circunstancias va a tener derecho a una prestación real y actual, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, ya sea él el sujeto causante o sea otra persona.
  • El objeto de la relación jurídica de protección son las distintas protecciones.

 

  • El contenido es el conjunto de actos o circunstancias que rodean a la relación jurídica de protección.
  • El nacimiento.
  • El desarrollo
  • La extinción.

El nacimiento, para que nazca la relación jurídica de protección se necesita una situación de necesidad y un hecho causante. Pero las prestaciones no nacen de oficio sino que tienen que ser solicitadas por los interesados, por tanto además de los dos requisitos (situación de necesidad y hecho causante) para que nazca la prestación tendrá que ser solicitada por el interesado y tendrá que ser reconocida por el sujeto responsable del pago de la misma.

La prestación tiene que ser solicitada por el sujeto beneficiario ante el sujeto responsable del pago de la misma, la entidad gestora o la entidad colaboradora.

Respecto al plazo para solicitar la prestación, en principio no hay ningún plazo aunque la ley general de la Seguridad Social indica que el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los cincos años a contar desde el día siguiente al día en que se produce el hecho causante, salvo los casos en que la ley indique que una prestación no prescribe. Las prestaciones que no prescriben:

  • La jubilación.
  • La prestación por muerte y supervivencia, a excepción del auxilio por defunción.

Cuando se solicita una prestación prescrita pero más allá del hecho causante se produce una retroacción de 3 meses a la fecha de la solicitud, siempre después del hecho causante salvo que las normas establezcan otras cosas.

El reconocimiento de la prestación le corresponde a la entidad gestora o colaboradora y se produce el reconocimiento cuando la entidad comprueba que el sujeto beneficiario y el sujeto causante, en los casos que exista, reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación.

El desarrollo de la prestación se divide en el momento de devengo y el momento de pago.

El devengo es el momento a partir del cual nace el derecho a la prestación. No en todas las prestaciones el momento de devengo es el mismo, por eso distinguimos entre:

  • Las prestaciones cuyo momento de devengo es cuando nace el hecho causante.
  • Las prestaciones cuyo momento de devengo es en el momento de la solicitud.
  • Las prestaciones cuyo momento de devengo se puede retrotraer hasta tres meses antes del momento de la solicitud, pero siempre después de la fecha en que se produjo el hecho causante.
  • Las prestaciones cuyo momento de devengo se produce en un fecha posterior a la de solicitud.

El pago es la entrega del importe de la prestación y siempre se hará con efectos desde la fecha de devengo.

El pago de las prestaciones son doce pagas ordinarias y dos extraordinarias que se abonarán en junio y noviembre. El medio normal de pago de las prestaciones es a través de transferencia bancaria.

El pago de las prestaciones puede caducar, de manera que el derecho a percibir las prestaciones en un único pago caduca al año, a contar desde el día siguiente al que se notificó la concesión de la prestación, y en las prestaciones de pago periódico, lo que caduca es el derecho a recibir cada período de la prestación no el total, y cada periodo caduca al año a contar desde el vencimiento del mismo.

La extinción. Las causas generales de extinción son:

  • El cumplimiento del pago de una prestación.
  • La pérdida de la condición de beneficiario, es decir, cuando una persona deja de cumplir los requisitos para recibir la prestación.
  • Que desaparezca el hecho causante.
  • Cuando al beneficiario se le aplica una sanción que lleva consigo la pérdida de la prestación.
  • La muerte de sujeto beneficiario.

2. Responsabilidad empresarial en materia de prestaciones: supuestos de imputación y alcance.

Hay una serie de supuestos en los que quien es responsable del pago de la prestación no es una entidad gestora o una entidad colaboradora sino que es el empresario, en estos casos se hace al empresario responsable del pago por las que se ha dado alguna de las siguientes circunstancias:

  • No ha afiliado ni dado de alta a un trabajador.
  • Falta absoluta o parcial de cotización por un trabajador o casos de infracotización.
  • No llevar reconocimientos médicos previos y posteriores a trabajadores que van a ocupar un puesto con riesgo.

Los supuestos de imputación derivada del empresario son:

  • Responderá solidariamente por cesiones ilegales de mano de obra o incumplimiento de transmitente , en casos de sucesión de empresas si se dieran errores de afiliación, alta, etc.
  • Responderá subsidariamente por las personas que subcontrate para obras o servicios de su propia actividad y también por incumplimiento del empresario que subcontrate sobre cotización, afiliación y alta.

También será responsable de un recargo sobre la prestación( porque la prestación en si la seguirá pagando una entidad gestora o colaboradora), en los casos en que el trabajador sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional por máquinas o instalaciones que carezcan de los elementos de seguridad o prevención imprescindibles. El recargo oscilará entre el 30% y el 50% del total de la prestación, según la gravedad de la falta.

3. Principio de automaticidad de las prestaciones; principio de responsabilidad subsidiaria de la Administración. 

Cuando el empresario tiene que hacerse cargo del pago de una prestación el beneficiario tendrá una serie de garantías que le aseguren la prestación, estas garantías vienen recogidas en dos principios:

  • El principio de automaticidad de las prestaciones, en aquellos supuestos en los que funcione este principio quien paga al beneficiario la prestación va a ser una entidad gestora o una entidad colaboradora, y luego estas entidades se tendrán que dirigir contra el empresario para que liquide la deuda. Esta es la máxima garantía que el beneficiario puede tener de cobrar la prestación. Este principio no funciona en todos los casos, a pesar de que el responsable de pago es el empresario

Se distinguen dos tipos:

  • Plena: Para asistencia sanitaria, desempleo y las motivadas por accidente profesional o enfermedad profesional, siempre que se demuestre que ha trabajado para un determinado empresario.
  • Relativa: Sólo funciona para prestaciones causadas por riesgo común, pero siempre que el sujeto haya sido dado de alta.

Cuando no estén amparados por este principio estarán amparados por el de responsabilidad subsidiaria de la administración.

  • El principio de responsabilidad subsidiaria de la Administración, según este principio el beneficiario tiene que reclamar la prestación al empresario y en el caso de que el empresario fuera declarado insolvente, entonces responderá subsidiariamente la entidad gestora o la entidad colaboradora correspondiente.

Este principio tampoco funciona en todos los casos. Se tratan de supuestos muy limitados.

Si no se cumplen ninguno de estos principios, entonces el beneficiario no tiene garantía de pago.

Se ha producido una modificación restrictiva por la cual actualmente se limita el importe de la cantidad entregada hasta 2 veces y media el salario mínimo interprofesional.

 


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